Fuente: (Expansión)

Trabajo prepara un plan de inspección para aflorar empleos irregulares

Se estrecha el cerco a la economía sumergida. Tras el proceso de regularización de 2005 y la actual entrada masiva de inmigrantes, el Gobierno pondrá la lupa sobre los planes de contratación de las empresas.

La oleada de trabajadores extranjeros obliga al Gobierno a mirar con lupa las contrataciones -o la ausencia de las mismas- en las empresas. El Ejecutivo tomará cartas en el asunto y no tardará en lanzar un "plan de actuación de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social para aflorar el empleo irregular", según fuentes del departamento que dirige Jesús Caldera.

Sus intenciones se enmarcan dentro de un objetivo mayor: "reforzar" todas las acciones dirigidas a "vigilar" el cumplimiento de la normativa laboral, para comprobar si los extranjeros cuentan con autorización para trabajar, si todos los papeles están en regla, si están dados de alta en la Seguridad Social y si la empresa cotiza adecuadamente por ellos.

La cuenta atrás para la puesta en marcha de las nuevas medidas ha comenzado, aunque aún no está concretada la fecha. Todo apunta, no obstante, a que se deberá hacer durante 2007, ya que para 2006 se han anunciado cerca de medio millón de inspecciones -en la línea de lo que sucedió un año antes- y desde Trabajo se insiste en que será "antes de que se acabe esta legislatura", que concluye en marzo de 2008. De hecho, ya "a partir de ahora", según afirman desde el Ministerio, "cada año se convocarán cien nuevas plazas en la Inspección para investigar la economía sumergida".

Y es que el plan, como apoyan las últimas estadísticas, deberá ser mucho más severo, y ambicioso, que en actuaciones anteriores. Los expertos calculan que un año después del proceso de regularización extraordinario que en 2005 legalizó la situación de cerca de 700.000 personas, en España hay otra vez más de un millón de indocumentados atraídos por el efecto llamada de "papeles para todos".

Inmigrantes que, para sobrevivir, trabajan en empleos de baja cualificación que normalmente rechazan los nacionales, y que, por su situación ilegal, pasan a formar parte de la economía sumergida, que diversos estudios sitúan en torno al 20% del PIB español. Esto equivale a 130.000 millones de euros, una cifra que no deja de crecer y que es ya una de las más altas de la Unión Europea.

El último informe del Ejecutivo comunitario señalaba, en concreto, que el volumen de negocio ilegal pasó del 15% de 1998 al 22% del PIB en 2000.

Los datos de Bruselas, además, sitúan a la construcción -motor de la economía española, que concentra a un gran número de trabajadores inmigrantes- como uno de las actividades más afectadas.

Más sanciones

Junto a este sector, el Gobierno ha puesto en el punto de mira la hostelería y la agricultura, donde ya rastreó actividades ilegales en la Inspección especial que realizó el verano pasado mediante 15.270 visitas a empresas de las zonas geográficas en los que se ha detectado presencia de economía sumergida.

A la espera de que el nuevo plan de el pistoletazo de salida, las inspecciones ordinarias ya dan muestra de la presencia de empleo ilegal. Las primeras visitas a empresas de la Inspección de Trabajo en el primer trimestre de año (cerca de 100.000) confirman la tendencia que empezó a dibujarse en 2005: una escalada de sanciones en materia de extranjería (que conllevan el alta de trabajadores que estaban en la economía sumergida), y en el área de la Seguridad Social, donde se vigila si el contratador está al corriente del pago y tiene todos sus trabajadores en regla.

Las cifras muestran, de hecho, que las mayores multas se concentran en las autonomías con mayores flujos migratorios. Cataluña, Madrid y Andalucía ocupan el podio, tanto en el número de afectados por infracciones como en la cuantía de las sanciones impuestas a empresarios que emplean a trabajadores extranjeros sin permiso.