Fuente:
Expansión
Trabajo
lanzará una inspección
especial en 2007 contra la discriminación
sexual
El
Gobierno estrechará el cerco
a las empresas. Las conductas de desigualdad
serán duramente perseguidas,
justo cuando entra en vigor la nueva
ley de igualdad, que incluye sanciones
de hasta un millón de euros.
La ley de igualdad ha llegado de lleno
a las empresas. O, al menos, deberá
hacerlo durante el próximo año
si las compañías quieren
librarse de las sanciones de los inspectores
del Ministerio de Trabajo.
El
equipo que dirige Jesús Caldera
lanzará una "actuación
especial" contra la discriminación
sexual en las empresas, para poner la
puntilla a sus campañas dirigidas
contra la desigualdad. Así figura
en la memoria por objetivos de los Presupuestos
para 2007 del Ministerio, donde las
inspecciones para rastrear un trato
desfavorable a las mujeres cobrarán
un protagonismo desconocido, frente
a los "ámbitos más
clásicos de intervención
inspectora, como tiempo de trabajo,
salarios, derechos sindicales, cesión
ilegal de obra, subcontratación...".
Con
la nueva ley en la mano, que entrará
en vigor el próximo año,
la Inspección deberá revisar
las nuevas obligaciones normativas.
Las empresas tendrán el deber
de negociar planes de igualdad en los
convenios de las compañías
que tengan más de 250 trabajadores,
ya que en el resto basta con que existan
"iniciativas" en este camino.
Esos
paquetes que revisará Trabajo
deberán recoger medidas de acceso
al empleo, de ordenación del
tiempo de trabajo, de retribuciones
y, como bandera ahora perseguida, medidas
dirigidas a eliminar toda posibilidad
de discriminación por razón
de sexo.
En
caso de no cumplir estas exigencias,
el Gobierno plantea sancionar con multas
de entre 301 y un millón de euros
las conductas de discriminación
sexual, sanción que puede suponer
la exclusión "automática"
de ayudas al empleo por las decisiones
"unilaterales" que conlleven
desigualdad en el salario, la jornada
o la promoción. Se considerarán
administrativas las vulneraciones del
derecho a la igualdad de oportunidades.
También
se penarán los acosos, el incumplimiento
de las exigencias de accesibilidad y
de realizar ajustes razonables, así
como el incumplimiento de las medidas
de acción positiva legalmente
establecidas, especialmente cuando se
deriven beneficios económicos
para el infractor. Las multas podrán
ser "leves", "graves"
o "muy graves", según
la importancia de los hechos punibles.
Los
inspectores deberán hacer hincapié
en los criterios tenidos en cuenta en
la nueva ley de igualdad en esta graduación
de las sanciones, como son la intencionalidad
del sujeto infractor, la negligencia,
el fraude, el incumplimiento de las
advertencias previas, el volumen de
negocios y el número de personas
afectadas.
Dificultades
de acceso
Detrás de todo este reglamento,
subyace la filosofía: "Los
datos indican que las mujeres continúan
teniendo más dificultades en
el acceso a algunos ámbitos de
la vida económica, social y cultural:
el desempleo es superior al masculino,
existen diferencias en los salarios
entre ambos sexos, el tiempo de oficio
de las mujeres es prácticamente
inexistente y hay una escasa presencia
de mujeres en los órganos de
poder y decisión", aseguran
desde el PSOE.
En
los últimos años, Trabajo
ha llevado ya alguna actuación
"programada contra la desigualdad
por razón de género";
pero admite que "las cifras no
son numéricamente muy significativas"
por las "dificultades que plantea
investigar y demostrar este tipo de
desigualdades". De ahí que
la intención de lanzar de forma
definitiva con un plan especial estas
inspecciones se compete con "la
atención a las denuncias sobre
acoso moral y sexual".
Además
de las conductas de discriminación
sexual, Trabajo potenciará "progresivamente"
las que afectan a los discapacitados,
"verificando el cumplimiento de
la cuota de reserva del 2% o la adopción
de medidas alternativas", concluye
el documento de los Presupuestos Generales
del Estado.
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